El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), reconoce que las personas con discapacidad son titulares de derechos económicos, sociales y culturales, de modo que los Estados tienen las obligaciones de respetar, proteger y garantizar tales derechos humanos. En la CDPD se incluyen los derechos a la educación, a la salud, al trabajo y empleo, a un nivel de vida adecuado y protección social, y a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Del mismo modo, el derecho internacional reconoce los derechos al acceso a la vivienda, a la alimentación y el agua, entre otros.

En ese marco, el Poder Judicial tiene un rol fundamental en cada uno de los Estados para velar por el cumplimiento de dichas obligaciones internacionales a nivel interno. Las decisiones y precedentes establecidas por los tribunales han de contener aplicaciones e interpretaciones claras y coherentes de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales y el derecho nacional, contribuyendo al fortalecimiento de la protección de los derechos humanos.

Con base en lo anterior y considerando que el estudio de los derechos de las personas con discapacidad es un campo creciente en el ámbito académico latinoamericano, resulta útil reunir a académicos y clínicas jurídicas para fomentar un diálogo constructivo y enriquecedor, propiciando la colaboración y el intercambio de experiencias con el fin de consolidar conocimientos, generar sinergias y promover estrategias que favorezcan una protección más efectiva y una plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad latinoamericana

Según la Prof. Mgter. Cintia Bayardi Martínez, quien además es Docente y Directora de la Diplomatura en Derechos de las Personas con Discapacidad, "esta mesa redonda constituye una ocasión singular para intercambiar vivencias y logros en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad en América del Sur. De esta manera, se refuerza el compromiso arraigado en la Facultad de Derecho de la UNCUYO en lo que respecta a la salvaguarda de estos derechos fundamentales y la promoción activa de la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad".