Historia

Historia

Creación

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo fue creada el 27 de diciembre de 1984, con el advenimiento de la democracia, durante la presidencia del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, mediante la resolución 3070 del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, firmada por el ministro Dr. Carlos Alconada Aramburú. Conforme a los fundamentos de esa resolución, tenía por objeto dotar a la Universidad Nacional de Cuyo de una unidad académica en el campo de las ciencias jurídicas. Actividades que en esa área permitirían a la universidad generar nuevas respuestas a los requerimientos de su zona de influencia.

Antecedentes

En 1928 se había presentado un proyecto ante el Congreso de la Nación para crear un centro de estudios jurídicos en Cuyo, que no prosperó. La fundación de la Universidad Nacional de Cuyo no contempló la posibilidad de una unidad académica que tuviera por objeto la enseñanza del Derecho, pese a que al crearse se estipuló como una de sus bases servir a las exigencias, características y necesidades de la región.

En el año 1951 se reabre la discusión sobre la necesidad de establecer un centro de estudios jurídicos y políticos en el marco de la universidad. Su lugar fue ocupado por la creación en 1952 de la Escuela de Estudios Políticos y Sociales. Quedaba así desvanecida esa pretensión, pero no la idea.

En efecto, en 1954 el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo, a raíz de una petición presentada por el Centro pro-Creación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y apoyada por la Federación Gremial Universitaria de Cuyo y la adhesión del gobierno de la provincia, de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, mediante la ordenanza 25/54, propone al Poder Ejecutivo de la Nación la creación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. Se fundamentó, entre otros, en que constituiría un importante aporte para satisfacer las necesidades de la zona, concernientes, por ejemplo, a la legislación de aguas, sobre minas, del contrato de cultivo de viña, de la regulación de la vitivinicultura, etc. Finalmente, se vio frustrada por obra de los acontecimientos políticos de 1955.

Diez años después, el rectorado de la universidad decide constituir una comisión para estudiar, fundamentar y formular un proyecto de Facultad de Derecho. Decisión a la que contribuyó que ya existiese, desde 1960, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, cuyo carácter privado justificaba contar con una facultad pública.

Esta iniciativa dio lugar a que el Consejo Superior (res. 579/65-CS) declarara la necesidad de crear la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Estaría integrada por las Escuelas de Derecho y Ciencias Jurídicas, la de Estudios Políticos y Sociales y toda otra escuela encuadrada en dichas especialidades que se crearen posteriormente. Se convocó a la Asamblea Universitaria para decidir al respecto el 29 de diciembre de 1965, con resultado negativo.

En 1973, se plantea otra vez la creación de una facultad pública, elevándose un nuevo proyecto al Ministerio de Educación, el cual decide la creación de un Centro de Altos Estudios Jurídicos destinado a la promoción de la investigación del saber jurídico. Su actividad se extendió hasta el año 1976, cuando fue disuelto por el gobierno de facto.

Con la llegada de la democracia, en el año 1983, renacen las acciones tendientes a la creación, largamente demorada, de una Facultad de Derecho. En marzo de 1984, el ministro de Educación y Justicia de la Nación, Carlos Alconada Aramburú, el entonces rector normalizador de la universidad, Dr. Isidoro Busquets, junto con el gobernador Santiago Felipe Llaver y el director general de escuelas Hugo Salvador Duch deciden interesar al ministro en tal iniciativa, quien se comprometió a analizarla con el presidente de la nación.

Para fortalecer este nuevo intento, el Consejo Superior Provisorio, a través de la resolución 97/84, dispone la constitución de una comisión ad hoc para estudiar y aconsejar al cuerpo sobre la puesta en marcha de la Facultad de Derecho y autorizar al rector normalizador a designar a sus integrantes, que son designados por resolución 981/84 del Consejo Superior.

En base al proyecto de la comisión, el Consejo Superior, mediante la ordenanza 69/84, resolvió crear la carrera de Abogacía en el ámbito de la universidad, sancionar el plan de estudios y proponer al Ministerio de Educación y Justicia la fijación del título de abogado y la creación de la Facultad de Derecho como organismo integrante de la universidad. En consecuencia, el ministerio, por la resolución 3070 de 1984 decide la creación de la nueva facultad, lo que posibilitará a la universidad generar respuestas a los requerimientos de la región.

La inauguración

El acto inaugural fue el 1 de agosto de 1985 en el teatro Independencia de la Ciudad de Mendoza, con la presencia del Dr. Alconada Aramburú, acompañado de las autoridades universitarias y de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la provincia. También estuvieron los primeros docentes designados para emprender la actividad lectiva.

El Abog. Ricardo Monfarrel –primer decano normalizador– refirió que la creación de la facultad representaba un hecho memorable para la cultura mendocina, al tiempo que fustigó a quienes se oponían con base al argumento del exceso de abogados, fortalecido por la preexistencia de la facultad de gestión privada.

El Dr. Alconada Aramburú había recordado el pedido que le hicieron jóvenes sobre la creación de una Facultad de Derecho, con apoyo en el principio de la igualdad de oportunidades. Destacó que la facultad perseguía integrar el sistema educativo extendiendo sus estructuras para permitir que todos los aspirantes a ingresar no se vieran excluidos por razones económicas. El Estado –agregó– ha venido con esta creación a asumir la obligación de atender la educación pública como manera cierta de fortalecer el régimen democrático. Creación que venía a ser un desagravio al pueblo mendocino, ya que era la única región del país que no contaba con una Facultad de Derecho.

El rector normalizador, Dr. Busquets, resaltó que debía ser motivo de especial preocupación la creación de institutos de investigación y estudios superiores que permitieran la profundización de sus conocimientos y el aporte de nuevas ideas, con el fin de evitar el estancamiento de las doctrinas jurídicas.

Se ponía así en marcha la Facultad de Derecho, nutrida ella de generosas esperanzas.

Los preparativos

En relación a estudiantes, docentes y personal administrativo, el alto interés que despertó el medio social se manifestó en la masiva inscripción de aspirantes. Del total de inscriptos en el año 1985 en la universidad, el treinta por ciento –2610 inscriptos, 2343 con la condición de regulares– le pertenecía a la carrera de abogacía.

La contención física de ese ingreso encontró lugar –entre los muy pocos que existían– en el edificio del Colegio de los Hermanos Maristas Marcelino Champagnat. A ello se sumaba la dificultad por no tenerse aún aprobado el presupuesto de ese año, por lo que se recurrió a la colaboración de las otras facultades en relación al mobiliario y al personal administrativo.

El cuerpo docente estuvo inicialmente integrado por treinta profesores que fueron seleccionados por una evaluación directa de sus antecedentes. La pretensión de las autoridades era cubrir los cargos docentes por concursos públicos, lo que vino a concretarse diez años después.

La etapa fundacional

Esta etapa obedeció a la gestión del abogado Monfarrel como decano normalizador y con la colaboración primero del Abog. Luis Caballero y después del Abog. Juan José Ruiz Garasino, como secretarios académicos. El dictado de clases comenzó el 5 de agosto de 1985.

La actividad lectiva se encontraba repartida en tres turnos –mañana, tarde y noche– a través del sistema de cátedras por asignaturas, lo que permitiría, al decir del decano, la pluralidad de enfoques, la libertad de cátedra y una sana competitividad académica.

Fue una etapa caracterizada por la intensa labor organizativa. A través de la elaboración de una profusa legislación interna, signada por frecuentes cambios en el área académica, entre otras: ingreso de los alumnos; modalidades de clases; programas de estudio; correlatividades y promoción; exámenes; rendimiento académico; concursos para cargos docentes interinos; etc.

Las limitaciones físicas y económicas hicieron difícil la conducción de la facultad. Paulatinamente, se fue imponiendo el orden. En 1988, el segundo decano organizador, el abogado Oscar Dimas Agüero y el secretario académico Luis Enrique Abbiati determinaron la necesidad de coadyuvar a su gobierno con la creación de un Consejo Organizador (res. 175/88-DO). El consejo fue integrado por dichas autoridades y representantes docentes y estudiantiles. Sus decisiones no tenían fuerza vinculante y el decano podía apartarse fundadamente de ellas con elevación al Consejo Superior para producir su decisión al respecto. Este consejo tuvo como antecedente el Consejo Académico Consultivo que se creó en el año 1986 (res. 291/86-DO) y al que remplazó.

La principal preocupación de esa gestión fue procurar un edificio propio. El sostenido aumento de la matrícula como el inevitable crecimiento que sufren las instituciones llevó a la necesidad de conseguir la locación de otro inmueble.

Avanzado el año 1989 y tras una intensa búsqueda, la universidad y la provincia suscriben el contrato por el que la facultad se instaló en el estadio Malvinas Argentinas, construido para el mundial de fútbol de 1978. El funcionamiento en tan singular emplazamiento fue todo un desafío, nutrido por la imaginación que requerían las soluciones a los problemas que se presentaban.

Como se comprenderá, un estadio de fútbol no es lo más apropiado para una institución académica. Pero los espacios de su planta baja y subsuelo permitieron la construcción de las aulas y oficinas. Pese a tales impedimentos, la facultad logró consolidar su acción en la formación de grado con la graduación y egreso de la primera promoción de abogados, en agosto de 1991.

La renuncia de Agüero en 1992 abrió una instancia de acomodamiento de la facultad al requerimiento de la universidad, que pedía la racionalización de la matrícula a través del ingreso restricto. Su adopción no era fácil. Se creó así un estado de tensión nada favorable para las intenciones de un edificio propio y la normalización por la vía concurso de las cátedras.

El Consejo Directivo resolvió el ingreso restricto, lo que contribuyó al fortalecimiento de la facultad y permitió poner fin al interregno que se iniciara con aquella renuncia. El Consejo Superior designó al Abog. Luis Enrique Abbiati como nuevo decano organizador, con el acompañamiento del Abog. Ismael Farrando como secretario académico, sucedido por la Abog. Susana Elena Rocandio. La nota significativa de esta gestión fue renovar y fortalecer las relaciones con todas las unidades académicas y el gobierno central de la universidad, lo que le permitió contar con el acompañamiento necesario para el logro de sus objetivos inmediatos.

El nuevo decano pasó a integrar el «Consejo permanente de decanos de facultades de derecho de universidades nacionales». Consejo que produjo la Declaración de Mendoza, reunido en la Universidad Nacional de Cuyo, en 1994. Contenía un pronunciamiento a favor de dotar a la facultad de su propio edificio como de propiciar su pronta normalización, entre otros. 

La etapa de la normalización

El Consejo Superior (res. 196/94-CS) autorizó la convocatoria a concurso para cubrir, con carácter efectivo, el cargo de profesor titular en las cátedras de Introducción a la Filosofía, Introducción al Derecho, Historia de las Instituciones Argentinas y Derecho Romano. El primero en sustanciarse fue el correspondiente a Introducción a la Filosofía, el 5 de agosto de 1995, haciendo adjudicataria del cargo a la Dra. María del Carmen Schilardi de Bárcena (res. 205/95- CS).

De ahí en más, dicho proceso fue prioritario y sostenido a fin de lograr la normalización de la Facultad. Tuvo una importante incidencia la Secretaría Académica y la Administrativa, a cargo de de la Dra. María Josefina Tavano y de la Sra. Zaira López de de la Rosa, respectivamente. Los jurados de los concursos fueron distinguidos profesores del ámbito universitario argentino.

En 1998, el Consejo Superior (res. 442/98-CS) dispuso tener por normalizada la facultad y habilitada para el pleno ejercicio de todos los derechos del Estatuto universitario.

La etapa de la consolidación

Se inicia en el año 1999 con la elección de sus propias autoridades y representantes ante el Consejo Superior, mediante el sistema electoral previsto por el estatuto. Resultaron elegidos como primer decano y vicedecano el Abog. Luis Enrique Abbiati y el Dr. Miguel Mathus Escorihuela, respectivamente. Se integró el primer Consejo Directivo. La gestión académica fue continuada por el magíster Alfredo Fernando Dantiacq Sánchez, quien ya venía desempeñándose en el cargo desde el año 1997.

Ahora bien, tal consolidación llevó a la imperiosa necesidad de contar con instalaciones edilicias adecuadas, por lo que se colocó la piedra fundacional del actual edificio en el año 1998. La iniciación de la obra estaba sujeta a la normalización institucional de la facultad.

Comenzaron a emprenderse las acciones a tal fin, que no sólo se encaminaron por las vías administrativas correspondientes sino también por las de hecho. Algunas veces, los estudiantes recurrieron a tomar las instalaciones en las que funcionaba la facultad.

Todo ese movimiento culminó con la efectiva construcción del edificio, el traslado a la nueva casa y la iniciación de las actividades en ella el día 12 de febrero del año 2001, después de sortear diferentes dificultades. Su inauguración oficial fue el 21 de noviembre, de lo que da fe la instalación de una placa de bronce en la que se lee:

Esta casa, cuyas aulas deberán servir para educar en los altos valores de la república, fue construida entre los años 1999 – 2001 bajo el gobierno universitario de: Rector, Lic. José Francisco Martín. Vicerrector, Ing. Juan Manuel Gómez. Decano, Dr. Luis Enrique Abbiati. Vicedecano, Dr. Miguel Mathus Escorihuela. 

En ese nuevo marco, la facultad continuó con un sostenido crecimiento hacia la diversificación de sus actividades, como las relativas al posgrado y a la extensión universitaria. Desde 1998 se dictaron diversos cursos, destacando los que fueron sobre Fideicomiso (1998); Las garantías, tendencias actuales (1999); Cambios en el derecho privado (2000) y Responsabilidad del Estado (2001). Todos de excelente nivel, Dr. Roberto Lavado (1929) Abogado. Fiscal de Cámara del Crimen. Profesor Titular de la Facultad de Derecho. Ciudadano ilustre por naturaleza que ha honrado a la magistratura de la provincia de Mendoza y a la academia en la Universidad Nacional de Cuyo, con la ética como conducta de vida y su sabiduría. organizados por la facultad y coordinados por la Abog. Alicia Puerta de Chacón, quien sería la primera secretaria de posgrado.

La etapa de la expansión

El nuevo edificio liberó una vigorosa expansión de actividades. Comenzaron a precipitarse las decisiones para el encauzamiento de esa fuerza, tras los necesarios trabajos de alistamiento del nuevo edificio.

Atento a la amplitud temporal que abarcan las acciones ocurridas en el marco de las distintas áreas de la facultad, para una mejor exposición, se refieren según se han sucedido los diferentes períodos de gobierno a partir de 2001. Exposición que limitaremos a la mención a título ilustrativo de algunas de las actividades.

Período 2002-2005

La conducción de la facultad durante este período estuvo en manos del Abog. Luis Enrique Abbiati, acompañado por el Abog. Roberto Manuel Godoy Lemos como vicedecano.

El Abog. Armando Héctor Martinez fue secretario académico. Se construyeron gabinetes para desarrollar reuniones de cátedra, la atención de clases de consultas y la realización de otras actividades afines, lo cual estimuló cualitativa y cuantitativamente la prestación docente.

Durante este período fue de especial preocupación la reforma del plan de estudios. Si bien concluyó en la elaboración y presentación de un anteproyecto, no llegó a tener el correspondiente tratamiento institucional. No obstante, fue un paso importante modificar (ordenanza. 4/04-CD) el sistema entonces vigente de correlatividades entre las asignaturas, lo que permitió a los alumnos un avance más ágil en sus estudios y evitar una excesiva demora en la graduación. A igual propósito contribuyó la adopción de un régimen de promoción de asignaturas como la creación de un servicio de apoyo psicopedagógico.

Importante iniciativa fue propiciar el intercambio estudiantil a través de convenios celebrados por la universidad con el Instituto Tecnológico de Monterrey (México), Universidad Católica de Valparaíso (Chile) y la Universidad Privada Domingo Savio (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia).

El área de posgrado fue conducida inicialmente por la Abog. Alicia Puerta de Chacón como secretaria de posgrado, seguida luego por la Dra. Prof. Nidia Carrizo de Muñoz. Fue significativa la proyección que tuvo esta área. La construcción del aula magna permitió contar con un ámbito adecuado a las exigencias del posgrado. Se la nombró «Constitución Nacional» a propuesta del profesor Oscar Alberto Estrella.

Dicha trascendencia tuvo su expresión a través del dictado de carreras y actividades de posgrado tanto de carácter sistemático como asistemático. Entre las primeras, cabe citar el Doctorado en Derecho, cuyo dictado es de modalidad personalizada. Acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), otorga el título de doctor con mención en Derecho Civil, Derecho Comercial, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Laboral, Filosofía del Derecho, Sociología Jurídica e Historia del Derecho.

Igualmente, se crearon distintas especializaciones, entre ellas, la carrera de Especialización en Derechos de Daños a través de un convenio con la Universidad Nacional del Litoral. A esta se agregaron la carrera de Especialización en Magistratura y Administración de Justicia, de organización y ejecución compartida con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, y la carrera de Especialización en Derecho Penal.

En relación a las actividades asistemáticas, se dictaron cursos sobre Actualización en Derecho Procesal Civil; Teórico Práctico de Derecho Aduanero; Perfeccionamiento de la Parte Especial del Derecho Penal; Derecho Procesal Laboral y Policía del Trabajo; Estudio y análisis crítico de la Reforma Constitucional de 1994; entre otros.

En el área de extensión, sus actividades fueron emprendidas por la Secretaría de Posgrado. Tuvo lugar la realización de jornadas, seminarios y dictado de conferencias sobre diversos temas. Citamos, entre otras, las jornadas sobre El Derecho ante la Emergencia Económica y Social, ley 25561; El Derecho Laboral y la Emergencia; Contratos Públicos en Emergencia. Fue de particular importancia el seminario de Inseguridad Jurídica, organizado por las facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo y la Fundación Konrad Adenauer.

Es de especial mención la creación de los Consultorios Jurídicos Gratuitos con carácter estrictamente académico y subsidiario de la responsabilidad indelegable del Estado de asegurar el acceso al servicio de justicia.

El área de ciencia y técnica, bajo la conducción del Lic. Juan Carlos Carrillo, procuró fortalecer sus acciones a través de la promoción de la investigación para estimular la participación de los docentes, graduados y alumnos. Los resultados obtenidos llevaron a la organización de las Primeras Jornadas Internas de Investigación de la Facultad de Derecho en el año 2004, en las que se presentaron treinta y cuatro proyectos, indicativo de un promisorio futuro en la materia.

Período 2005-2008

La gestión estuvo encomendada al Abog. Roberto Manuel Godoy Lemos, como decano, secundado por el prof. consulto Abog. Amado David Zogbi.

En el área académica continuó Armando Héctor Martínez, quien propició el fortalecimiento de la planta docente a través de nuevas designaciones a través de una planificación aprobada por el Consejo Directivo. Ello llevó a que la facultad fuera una de las de mayor promedio de cargos docentes concursados. Contribuyó también la creación de nuevas cátedras y comisiones de cátedras, destacándose la novedad del espacio curricular denominado Práctica Profesional.

En el año 2004 se dieron los primeros pasos en relación a la evaluación de gestión docente. Se comenzó con los docentes interinos y luego, en 2007, los docentes efectivos, a cuyo efecto se integraron las comisiones evaluadoras correspondientes a las áreas de Derecho Privado, Derecho Público y de formación general. Se procedió al reordenamiento curricular de algunas de ellas.

El área de posgrado estuvo a cargo de la Abog. Elcira Gualerzi. Cabe señalar que se comenzó a dictar la Maestría en Magistratura y Gestión Judicial, como complemento de la especialización. A ello se sumó la Especialización en Derecho Laboral, desarrollada conjuntamente con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Santa Fe.

En relación a las actividades asistemáticas se realizó el XXIII Congreso Nacional de Derecho Procesal. Se organizaron, además, las Jornadas sobre Causalidad e Imputación Objetiva y El Pensamiento Penal Argentino; Protección de la Vivienda; Derecho Penal Tributario; cursos sobre Derecho Societario; El Ministerio Público Fiscal y el Querellante Particular en el Sistema Acusatorio, por citar algunos.

El área de extensión estuvo confiada al Abog. Rolando Darío Castillo. Se llevaron a cabo distintas acciones tendientes a dar respuesta a necesidades sociales e institucionales, y a la vez una instancia de formación y experiencia para alumnos, graduados y docentes. Se destaca la proyección de la consultoría jurídica gratuita hacia los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad social, a través de un proyecto aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Entre otras iniciativas, es de señalar la participación de alumnos en congresos y competencias –particularmente en materia de derechos humanos– como en los programas de movilidad docente y de movilidad estudiantil.

En el área de ciencia y técnica, la gestión continuó en manos del Lic. Juan Carlos Carrillo. Es de destacar el aumento que experimentó el número de proyectos de investigación tanto de docentes investigadores como de graduados y alumnos. 

Período 2008–2011

Este período estuvo conducido por el nuevo decano, Abog. Ismael Farrando, quien fue acompañado por el Abog. Eduardo Oscar Emili como vicedecano.

La gestión del área académica estuvo bajo la responsabilidad de la Abog. María Elena Olguín. Una iniciativa relevante fue propiciar el ingreso y el cursado del primer año de la carrera mediante el sistema de educación a distancia y a través de una modalidad semipresencial.

Se implementó la modalidad de prestar el servicio de educación en contextos de encierro, dirigido a alumnos privados de libertad. A tal fin, se inauguraron aulas en la penitenciaría provincial, alistadas con material donado por la facultad. Igualmente, se designaron tutores de ingreso y de grado para facilitar la actividad del alumno en dicha condición y se otorgaron facilidades para el uso de la biblioteca de la facultad.

Con igual finalidad se continuó con las medidas tendientes a favorecer la permanencia del alumno, a través de las acciones de detección, apoyo y seguimiento en su rendimiento académico.

La biblioteca de la facultad actualizó y acrecentó su patrimonio bibliográfico y se adecuó al Sistema Integrado de Documentación de la universidad. Se creó una sala multimedia, con equipamiento informático, incluido un software para personas visualmente disminuidas.

Posgrado estuvo a cargo del Abog. Carlos Federico Vinassa como secretario. En este período se continuó con el dictado de las carreras de especialización, maestría y doctorado, agregándose la carrera de Maestría en Derecho Administrativo de la Economía, cuyo dictado fue en el marco de un convenio con la Universidad Católica de San Juan.

Debe destacarse la creación de un área organizacional-administrativa para cumplir la función específica de la presentación, acreditación y categorización de proyectos de carreras y carreras de posgrado ante la Coneau, de cuya gestión fue encargada la Abog. Elcira de Lourdes Gualerzi.

En relación a las actividades asistemáticas, se sucedieron los dictados de congresos, jornadas, seminarios y numerosos cursos y conferencias. De los primeros señalamos el VII Congreso Argentino Concursal y V Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia. El Congreso Internacional sobre Transformaciones en el Derecho de Familia y el IV Congreso Internacional de Derecho Administrativo de Mendoza y IX Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.

Hubo jornadas sobre Delitos Informáticos; las XIII Jornadas Argentinas y Latinoamericanas de Bioética; Derecho de Aguas y Derecho Ambiental- Derecho Comunitario Europeo; Argentino-Chilenas de Filosofía del Derecho. Se dictaron seminarios sobre la Historiografía Política Argentina de la Segunda Mitad del siglo  xx. Temas e Interpretaciones; el Seminario en Derecho Penal: ¿Crisis del Garantismo Penal? Los cursos fueron numerosos, sin embargo, indicamos los cursos sobre Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos. Análisis de Jurisprudencia; El Nuevo Proceso y el Derecho de Familia- Análisis de la Legislación Proyectada para la Provincia de Mendoza. 

Período 2011-2014

Este nuevo período respondió a la conducción del Abog. Eduardo Oscar Emili como nuevo decano y del Abog. Armando Héctor Martinez como vicedecano. Respecto de este período, cuadra poner de relieve el programa tendiente a la preparación de la facultad para el proceso de acreditación ante Coneau.

En el área académica, a cargo del Abog. Matías Miguel Martín Mussuto, fue de especial preocupación la cobertura de cargos docentes por concursos efectivos, por ser uno de los aspectos de especial consideración de la acreditación. Esta acción fue complementada por el refuerzo de la dotación docente de distintas cátedras, mediante la asignación interina de nuevos cargos y el aumento de dedicaciones.

Se procuró facilitar el estudio a los alumnos con discapacidad visual, a cuyo efecto se presentó el proyecto «Derecho a la igualdad de oportunidades» en el marco del programa de «Proyectos de inclusión Gustavo Kent».

Se instaló el Primer Centro de Consulta de una Universidad Nacional relacionado a Infojus y que está administrado por la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Centro cuya inauguración en el año 2011 contó con una videoconferencia de la entonces presidenta, Dra. Cristina Fernández de Kirchner.

El área de posgrado, dirigida por la Dra. María del Carmen Schilardi, sostuvo el dictado de las carreras y cursos iniciados en períodos anteriores, agregándose la iniciación de una Especialización en Derecho Ambiental y de Aguas.

En el amplio espectro de las diversas actividades realizadas, se destacan, sin perjuicio de otras, los cursos sobre La Familia y los Desafíos Sociales; Epistemología y Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas; El Derecho Patrimonial Familiar. Fueron realizadas varias jornadas sobre Bioética y Derecho de Familia y La Licitación Pública, entre tantas. Es de destacar el II Seminario de Derecho Aeronáutico de Mendoza.

En el área de extensión, a cargo de la Abog. María Elena Olguín, además de proseguir con programas devenidos de gestiones anteriores, es destacable la fisonomía dada a través del programa de radio Del derecho y del revés. Alejándose de las disquisiciones académicas, se ha pretendido facilitar la comprensión y el acceso a ciertos temas jurídicos. Con este criterio se han abordado temas como salud reproductiva y educación sexual, el comienzo de la vida humana, el aborto, la violencia laboral, la defensa del consumidor y muchos de igual importancia.

Es también importante resaltar la realización de cursos, jornadas y seminarios como los de inglés jurídico, psicología para abogados, derecho deportivo, la integración regional, la actualización en contratación pública, la actualización de cheques, etc.

Las acciones de la extensión universitaria en el marco de la movilidad se han visto estimuladas a través de los institutos de vinculación de la universidad, como el Instituto de Integración Latinoamericana; el Instituto Euroandino y el Instituto Francoargentino.

Período 2014-2018

La conducción de este período estuvo a cargo del Abog. Ismael Farrando, como decano, y del Dr. Fernando Pérez Lasala, como vicedecano, cargos que fueron elegidos por primera vez por voto directo.

En esta etapa se dio fundamental importancia al cambio del plan de estudio. La Secretaría Académica, a cargo del Dr. Hugo Duch, estuvo a cargo del proceso de actualización e innovación del nuevo plan de la carrera de abogacía (luego de casi 30 años del anterior). Se dió comienzo al proceso en el mes de setiembre del año 2014, convocando al efecto a todos los claustros de la Facultad de Derecho.

Se trabajó en función de los estándares establecidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para el perfil del título de la carrera de Abogacía, como también con los estándares de CONEAU. Así, dicho perfil posee los siguientes alcances, según las dimensiones: mediador, magistratura, ejercicio libre de la profesión e investigador.

El nuevo Plan fue aprobado primero por unanimidad, por el Consejo Directivo de la Facultad en su sesión del 1º/07/2016, y luego, mediante la Ordenanza Nº 5/2017 por el Consejo Superior de la UNCUYO. La implementación del nuevo Plan comenzó con la cohorte de estudiantes 2017. El modelo de formación jurídica, reflejado a partir de este diseño curricular, tiene su fundamento y finalidad en el desarrollo de: conciencia filosófica y epistemológica; conciencia disciplinar, interdisciplinar y multidimensional; conciencia jurídica; y conciencia ético pedagógica. Las mismas les posibilitan a los estudiantes ir aprendiendo a pensar y actuar como abogado desde un enfoque holístico.

En conjunto con la Facultad de Ciencias Políticas de la UNCUYO se puso  en funcionamiento, a partir del año 2017, un Ciclo de Formación Básica Común para las carreras de Abogacía, Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales y Tecnicatura en Gestión de las Políticas Públicas. Los estudiantes cursan primer año en su lugar de origen y a partir de segundo en el campus universitario. El mismo se dicta en los Departamentos de Lavalle y San Carlos.

En esta etapa se intensificó la oferta de posgrado, con nuevas carreras y diplomaturas de Posgrado, como la Maestría en Derecho Laboral, las Diplomaturas de Posgrado en el Código Civil y Comercial - Ley 26.994 (contó con más de 500 estudiantes), en Derecho Inmobiliario, en Procedimientos y Procesos Administrativos, en Litigación Internacional, en Técnicas de Investigación Forense, en Mediación y Gestión Participativa de Conflictos, en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia de Mendoza, en Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Sistema de Protección y Abogado del Niño.

Desde el Área de Ciencia y Técnica a cargo del Dr. Carlos Diego Martínez Cinca se realizaron talleres de Metodología de la Investigación y de Producción de Textos Científicos, desarrollados en los años 2016 y 2017.  De los mismos participaron tanto estudiantes –de grado y posgrado– y graduados, así como docentes de esta Casa de Estudios. En el año 2016 se realizó el III Workshop Internacional sobre Estado de Derecho y Populismo y en el 2017 el Curso de Posgrado en Razonamiento y Decisión Judicial, inaugurado por el destacado especialista español Doctor Manuel Atienza Rodríguez.

La Secretaría de Extensión Universitaria, a cargo del Abog. Matías Mussuto en un primer momento y luego de la Abog. Sandra Casabene realizó un plan de refuncionalización de los Consultorios Jurídicos Gratuitos. Se construyeron nuevas instalaciones para su funcionamiento, se crearon las áreas de Violencia de Género y Mediación y se desarrolló, en conjunto con el Área de Informática una plataforma para poder solicitar turnos de manera online.

A partir con la coordinación de la Mgter. Cintia Bayardi Martínez comenzaron las Competencias Internacionales en Derechos Humanos “CUYUM”, una competencia en español tipo “Moot Case” (o “fictional case” , “caso fingido”, “hipotético” o “simulado”), con traducción simultánea portugués, desarrollado con el objeto de formar a estudiantes de derecho en el correcto manejo del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Futuros abogados de diferentes Universidades del mundo, América Latina y Argentina han participado de las distintas ediciones realizadas. En 2017 se dictó el Curso de Preparación para el Ingreso a la Carrera Diplomática “Sé Diplomático”. También se crearon el Taller de Teatro y Coro de la Facultad.

El proyecto denominado “Derecho a la igualdad de oportunidades”. Impulsado por la Secretaría de Acción Social y Bienestar, alcanzó el objetivo general que era garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad (discapacidad visual y de baja visión), permitiéndoles acceder a toda la información bibliográfica necesaria para cumplir con el ingreso, permanencia y egreso de la carrera. También se colocaron aros magnéticos, dispositivos para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad auditiva.

Desde la  Secretaría de Graduados a cargo de la Abog. María Laura Farfán se realizaron más de 30 talleres teórico prácticos que abordaron temáticas concretas tales como, procesal civil y penal, justicia de paz, accidentes de tránsito, amparos en el ámbito de la salud, mediación, procedimientos administrativo, sucesiones, reformas laborales, etc., buscando ofrecer herramientas prácticas específicas a sus graduados, como a los profesionales del foro en general.   

Durante este período se creó la Revista Indexada “República y Derecho”, la RYD es una publicación que se publica en formato digital e impreso y busca difundir análisis novedosos y críticos que cumplan con los más altos estándares de calidad académica y de investigación sobre la ciencia jurídica.

En junio de 2018 se llevaron a cabo nuevamente elecciones directas, en las cuales el Dr. Fernando Pérez Lasala y la Abog. Esp. Irene Patricia Pujol fueron elegidos como Decano y Vicedecana para comandar los destinos de la facultad durante el período 2018-2022.