En rigor, la destitución del virrey Cisneros y del elenco de funcionarios reales diseminados en la geografía virreinal previa a la revolución, era el corolario de una madeja de descontentos que tenían orígenes muy diversos e incluía, naturalmente, el malestar creciente ante las cargas fiscales para hacer frente a la guerra europea. Pero el fastidio también tenía que ver con el descontento creciente sobre el desempeño de los administradores o funcionarios que en nombre del Rey, la religión católica y las leyes de la Monarquía cercenaban las chances de los hijos americanos de integrar las nervaduras del sistema de organización en América. Son muy variadas las manifestaciones de esa creciente disconformidad: están por supuesto las famosas rebeliones altoperuanas que tuvieron como protagonista al célebre caudillo cusqueño Tupac Amaru cuyos ecos invitaron a un diminuto grupo de vecinos de Mendoza proponer quemar la efigie del Rey en una esquina de la ciudad. Años después, el ataque inglés a Montevideo y Buenos Aires en 1806 y 1807, también dejó como herencia el fastidio contra las autoridades coloniales: fue sobre todo la obediente decisión del virrey Sobremonte de retirarse a Córdoba para organizar la defensa, y la aceptación de la autoridad de los intrusos por parte del Obispo, los miembros de la Audiencia y los del Consulado con asiento en la capital virreinal, lo que disparó la reacción del vecindario de Buenos Aires, y de los jefes de milicias quienes lideraron las patrióticas jornadas que terminó con la expulsión de los “impíos”, y limitó la autoridad del virrey en un inédito tumulto “popular”. Tales acontecimientos aunque ocurrieron en Buenos Aires, adquirieron notable difusión y animó solidaridades y cooperaciones que incluyeron no sólo a los cabildos de las ciudades del interior que se aprestaron a enviar refuerzos, sino también ayudas de Chile, y fiestas celebradas en Nueva Granada una vez reconquistada la ciudad que lejos de clausurar la dependencia colonial, volvió a jurar obediencia al rey de España, sus leyes y su religión.
Pero la coyuntura abierta en 1808 amplió el universo de los disconformes: y si bien el renovado repertorio de ideas sobre la libertad civil acuñada por los filósofos europeos, y las nuevas concepciones que depositaban en la ley o constitución la herramienta central para prevenir el despotismo del rey o sus magistrados, habían sido objeto de restricciones oficiales para evitar que capturaran las conciencias y toda acción contraria al sistema de poder instituido, lo cierto es que las novedades políticas introducidas por las revoluciones norteamericana y francesa, y de la liderada por los negros libres y esclavos de la isla de Haití), fueron impactantes y prometedoras como para instar hasta a los esclavos negros de Mendoza, a imaginar que era posible fundar un nuevo orden político y social.
Ese clima hizo inaceptable mantener las cosas como antes. A esa altura el mote de gallego, catalán o “europeo” había perdido prestigio aún en los sectores del bajo pueblo; por consiguiente, cuando se difundió la noticia que las tropas de Napoleón habían avanzado sobre Andalucía y el raquítico Consejo de Regencia había sido forzado a trasladarse a la minúscula isla de León, en compañía de los diputados de las Cortes que bregaban por sostener el gobierno de las colonias, y recuperar sus rentas, la atmósfera política obtuvo el último impulso para exigir al virrey la reunión de un cabildo abierto y definir los pasos a seguir. Un año antes, los liberales españoles que pretendían controlar las colonias habían invitado a los súbditos americanos a atreverse a tomar el destino en sus manos, y renovar el lazo con la metrópoli a través de una constitución liberal. Pero el trayecto elegido por los patriotas de la memorable semana fue distinto; a esa altura, y luego de debatir en el Cabildo que no había autoridad legítima en la península a quien obedecer, y que por ello la soberanía antes delegada al rey volvía a los cabildos o pueblos del virreinato, los jefes de milicias instaron la movilización de las tropas a la Plaza de la Victoria, y con el apoyo de los letrados y comerciantes, bloquearon la pretensión del virrey de encabezar la junta de gobierno, y propusieron otra que si bien estaba integrada por peninsulares (como Larrea), y americanos, eran decididos propulsores del gobierno independiente de los dictámenes metropolitanos. De tal modo, el remplazo de la autoridad virreinal por una Junta provisional a nombre de Fernando VII no representaba ninguna continuidad institucional sino ruptura que apelaba al derecho vigente para fundar un nuevo orden político, el revolucionario, el cual estaría destinado en muy poco tiempo, a erigir una comunidad política independiente.
Beatriz Bragoni
Prof. Titular Historia de las Instituciones Argentinas (TM)
