Hoy podemos ver que tras la consigna de “Memoria, Verdad y Justicia” se encuentra encolumnada la mayor parte de nuestra sociedad y de un modo creciente se han ido sumando todas las instituciones del Estado de derecho. El puntapié inicial lo dio, sin duda, el presidente Raúl Alfonsín, que se diferenció de su principal adversario en la contienda electoral de 1983 porque prometió juzgar a los comandantes de las tres primeras juntas de gobierno. Se trató de una apuesta revolucionaria, en un país donde la transición entre gobiernos de facto y democracia se venía asentado en la impunidad de los asesinos y la proscripción electoral. Pero el reclamo social era más pretensioso y apenas terminado el juicio a los comandantes, los tribunales federales comenzaron a imputar a los mandos inferiores. Allí vinieron los levantamientos militares que pusieron en riesgo la continuidad democrática. Su costo fue las leyes de impunidad, que lejos de fortalecer a las instituciones no hicieron más que debilitarlas, sobre todo a los tribunales de justicia que aparecían impotentes para juzgar a quienes emplearon el secuestro, la tortura, la desaparición forzada de personas y las violaciones sistemáticas como herramienta de represión política.

Los años que siguieron no fueron mejores, porque con el cambio de gobierno los pocos militares que habían sido condenados en 1985 y los que todavía estaban siendo juzgados fueron indultados por el presidente Carlos Menem. La estrategia de los organismos fue entonces aprovechar los resquicios que quedaron fuera del manto de impunidad para impulsar el juzgamiento de la apropiación de niños, o apelar a los principios jurídicos que habilitaran la competencia extraterritorial de tribunales franceses, alemanes, italianos  y españoles por los crímenes cometidos en nuestro país. Sería el presidente  De la Rúa quien intentó cerrar esa vía por decreto, impidiendo la extradición de los militares que eran requeridos para ser juzgados en el extranjero. El reclamo ante los organismos internacionales fue también una opción fundamental para que en algunas provincias se iniciaran los llamados “Juicios por la Verdad” que permitían avanzar en la investigación y acumulación de pruebas, aun cuando la posibilidad de condena estuviera vedada.

Con el gobierno del presidente Néstor Kirchner una nueva generación llegaba al poder, los sobrevivientes de esa juventud diezmada por la dictadura militar. Recién a partir de allí se puede decir que el Estado en su conjunto asumió como propia una lucha que ya era parte del inconsciente colectivo. Todos los poderes del Estado se alinearon para mantener viva la memoria y encontrar la verdad para hacer Justicia. Confiamos en que se ha llegado a un punto sin retorno.

Muchas sociedades que han sufrido tragedias tan graves como la nuestra no lograron transitar este camino, otras sólo intentaron esclarecer los hechos a través de Comisiones por la Verdad que canjearon información por impunidad. Por eso no es aventurado decir que lo que se está logrando en la Argentina no tiene precedentes en otros países del mundo.Los juicios que aquí se realizan son ante el juez natural, no ante tribunales especiales, y con el más amplio respeto de las garantías que merece cualquiera que se encuentre acusado. Hasta setiembre pasado 622 personas habían sido condenadas y otras 135 se encuentran imputadas o procesadas. Entre ellas no sólo hay miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, sino también, ex jueces y fiscales, empresarios y otros cómplices civiles del genocidio. Por otra parte, 119 nietos apropiados han recuperado su identidad.

Algunos todavía se preguntan para qué sirven estos juicios, considerando el tiempo transcurrido desde los crímenes que se juzgan. En principio, se procura que hechos como estos nunca más se repitan en la República Argentina. Esta es la aspiración preventiva que guía todo ejercicio del poder punitivo. Pero además, los juicios de lesa humanidad que se realizan en todo el país están escribiendo una página fundamental sobre nuestro pasado reciente. No con el apasionamiento del periodista, del historiador o del analista político, sino desde una mirada objetiva y con el suficiente respaldo probatorio que se exige a toda sentencia judicial.

Asimismo, como la mayoría de estos crímenes fueron cometidos desde las instituciones del Estado, resulta esencial que se esclarezca quiénes fueron los verdaderos responsables en cada una deesas dependencias oficiales. Esto resulta fundamental para el futuro de nuestra democracia, porque ya no será aceptable sostener que todos los militares, los policías, fiscales o jueces federales participaron del terrorismo de Estado. Con estos juicios se está poniendo nombre propio a quienes hicieron posible el genocidio.

Finalmente estos procesos, están cumpliendo una triple función reparadora en la sociedad argentina. Porque podemos mostrar al mundo que la crueldad de los poderosos se enfrenta con la Justicia y no con la venganza. Porque se reconoce a las victimas los derechos que les fueran negados. Porque se restituye la humanidad a quienes perpetraron los actos inhumanos de que tratan estos juicios.

Sin duda alguna, 40 años de lucha contra la impunidad valieron la pena.

Dr.Diego Lavado
Profesor Titular Efectivo Derechos Humanos 
Facultad de Derecho-UNCUYO